Colorado Rep. Meghan Lukens pushes House Bill 1135, requiring school districts to implement cellphone policies by July 2026, backed by Angela Duckworth's research showing physical distance from devices improves academic performance.

“Mientras más lejos esté el teléfono, más alto es el promedio académico.”
Angela Duckworth, psicóloga y profesora de la Universidad de Pensilvania, no lo dijo con la jerga abstracta de un académico encerrado en una torre de marfil; lo dijo con la firmeza de quien ha visto los datos crudos, fríos y contundentes, de los expedientes escolares reales. Su voz resonó en la reunión de la Junta Estatal de Educación de Colorado el 13 de mayo, cortando el rumor habitual sobre la inevitable guerra entre la tecnología y la educación para plantar una bandera en el terreno firme de la evidencia: la distancia física del dispositivo es el único predictor claro del éxito.
Aquí en el Western Slope, mientras los distritos se preparan para el cumplimiento de la Ley 1135 de la Cámara de Representantes — conocida como la ley de Dispositivos de Comunicación en las Escuelas — , la pregunta ya no es si los celulares son una distracción, sino cómo gestionamos la tentación moderna que compite con la tarea escolar. La ley, patrocinada por la representante demócrata Meghan Lukens de Steamboat Springs, establece una fecha límite clara: el 1 de julio de 2026. Para entonces, cada distrito debe tener políticas diseñadas y publicadas en sus sitios web, con excepciones para discapacidades o necesidades médicas, pero sin concesiones a la comodidad.
Si caminas por los pasillos de las escuelas primarias y secundarias del valle, puedes sentir la tensión. Los datos muestran que estos niveles educativos van más adelantados en la adopción de diversas políticas de celulares, pero las preparatorias se resisten, o quizás simplemente no han encontrado su ritmo. La pandemia de COVID-19 exacerbó las distracciones, y el impacto en la salud mental derivado del tiempo excesivo frente a las pantallas y las redes sociales se ha vuelto innegable.
Duckworth dirigió su estudio Phones in Focus hacia una pregunta simple pero poderosa: ¿dónde colocaban los estudiantes sus teléfonos cuando estudiaban para un examen importante? Las respuestas variaban desde tener el celular junto a ellos, con el sonido encendido, hasta dejarlo en silencio en otra habitación. Al cruzar esas respuestas con los registros académicos de uno de los diez distritos escolares más grandes de Estados Unidos, el resultado fue inequívoco.
“Es más fácil para los estudiantes resistir la tentación de su teléfono si está físicamente más lejos”, explicó Duckworth.
La implementación práctica de esta práctica en los salones de clases mostró que los estudiantes alcanzaron mejor sus metas académicas tan solo una semana después. Después de 2020, las distracciones escolares causadas por los celulares han tenido un impacto más notorio en el comportamiento y el desempeño estudiantil. No se trata de prohibir la tecnología por completo, sino de crear un entorno donde el cerebro pueda trabajar sin la interferencia constante de una notificación, un like, o un video de TikTok que aparece justo cuando uno intenta resolver una ecuación o recordar la fecha de la batalla de Gettysburg.
La ley exige que los distritos tomen medidas más estrictas, pasando de fundas con bloqueo hasta prohibiciones de inicio a fin de clases. Pero detrás de la política hay una realidad humana: la lucha diaria por la atención. Los vecinos que han visto cómo sus hijos pasan horas deslizando la pantalla en la cena saben que la batalla se libra en la mesa, no solo en el aula. La ley 1135 no es solo un documento administrativo; es un intento de recuperar el espacio mental de nuestros niños, de volver a poner el foco en el trabajo, en el aprendizaje, en la presencia.
Mientras los distritos redactan sus políticas finales antes de la fecha límite, el sonido que queda en el aula no es el zumbido de un teléfono vibrando en el bolsillo, sino el silencio concentrado de una clase que finalmente puede escuchar.





